La ley de los migrantes

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auriemma

“El extranjero que se le impide en su país el ejercicio efectivo de la libertad democrática garantizada por la Constitución italiana, tiene derecho al asilo en el territorio de la República, según lo establecido por la ley. No es admitida la extradición del extranjero por delitos políticos”. Por lo tanto nuestro País, a través de estas normas establecidas en el artículo 10 de nuestra Constitución de 1948, en la parte relativa a los principios básicos de nuestro Estado, consagra el derecho del extranjero a residir en nuestro territorio cuando su estancia en el Estado de origen haya excluido su posibilidad de expresión política.

Regla fundamental que durante el curso de la dictadura esos derechos se vieron frustrados y, a veces suprimidos y muchos de nuestros Padres Fundadores se vieron obligados a huir al extranjero con el fin de seguir construyendo los cimientos del país que soñaban. Y estos principios han encontrado consuelo y reflejo en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, en la Convención de Ginebra de 1951 y sus enmiendas planteadas por el Protocolo de Nueva York del 7, en la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y en la jurisprudencia de la Corte Europea de los Derechos del Hombre, reglas implementadas en nuestro sistema.

Y los principios constitucionales fueron luego transfundidos en la ley ordinaria que observa el reconocimiento del status de persona internacionalmente protegida con interés prioritario. De ahí la creación de un sistema complejo que involucra a diversas instituciones y entre estas, además del Ministerio del Interior, que tiene tareas de suma importancia desde el primer momento, asegurandose de que el extranjero deba hacer personalmente la solicitud (ante la oficina de la policía de frontera en el momento de su entrada en Italia o ante la jefatura de la policía competente en virtud de la estancia del solicitante), que luego debe ser examinada y decidida por la Comisión Territorial para el Reconocimiento de la Protección Internacional, también una fundamental intervención de la Magistratura ordinaria.

Específicamente terminada la fase administrativa, cuando la Comisión Territorial no haya aprobado la solicitud de protección internacional o cuando la Comisión Nacional para el derecho de asilo ha rechazado o declarado el cese del status de protección internacional reconocida previamente por la comisión territorial, y permitido al “extranjero” de solicitar al juez ordinario para la protección de sus derechos.

La situación de los llamados migrantes, hoy en día considerada como una emergencia, ha impulsado al Legislador, con una reciente ley del 6 de agosto del 2015, para tratar de nuevo el tema: y entre las reglas aprobadas una interesa particularmente la Magistratura, previendo la posibilidad de un instituto extraordinario, aquel de la aplicación del magistrado individual fuera de la propia sede, incluso ante la respectiva Corte de Apelación, por un largo período, que podrá alcanzar los dieciocho meses.

Es este un caso por así decirlo virtuoso de relaciones entre el CSM y el Legislador. El Consejo había de hecho demostrado que era necesaria una herramienta extraordinaria que le permitiría aplicar en desacuerdo con la legislación primaria y secundaria, para hacer frente a la emergencia migrantes. El Legislador ha proporcionado este instrumento al organo del gobierno autónomo. Se verifico, en primer lugar, una clara correspondencia entre el aumento de la presencia de migrantes en los centros de recepción (CARA, CDA) y el aumento de los procedimientos emitidos por las comisiones provinciales. Los datos indican que la presencia en los centros de acogida se ha triplicado desde el 2013 a febrero del 2015 (de 22.118 a 67.128 presencias).

Con esta situación, se consideró imprescindible que se establezca una definición rápida de los procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiado a aquellos que la merecen. Por ello, el CSM ha vinculado la aplicación del magistrado para el sector civil con el único tratamiento de tales procedimientos en materia de protección internacional.

Y esto por la especial importancia de tener que distinguir de quién tiene derecho al status de refugiado por aquellos que están migrando por motivos económicos o por otras razones. Pero como en este momento, después de los terribles acontecimientos de París, es necesario verificar las razones de la presencia en el territorio italiano. En un momento como éste cada tipo de control es de ayuda para hacer aclaración y distinguir. Y evaluar, de frente a tentaciones “reduccionistas” de los derechos consagrados en nuestra Carta Fundamental, la solidez de las solicitudes de asilo es una de las tareas de la Magistratura.

No sabemos cómo va a desenvolver los conflictos, una fuente de la migración. Al estado la respuesta judicial es extraordinaria. Sé necesita interrogarse, a la luz de la intensidad de los flujos migratorios y de los procedimientos consecuentes, incluso si la organización ordinaria de las oficinas debe modificarse para asegurar la rápida tramitación de tales procedimientos, de manera estable. Hoy, el CSM ha hecho su parte sobre un tema sensible, para ayudar a reconocer el derecho de los que huyen de la guerra y del terrorismo.

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