Las víctimas critican el retraso en la ley sobre desaparecidos La norma está atorada en el Senado desde septiembre de 2015, mientras que el número de desaparecidos supera los 30.000

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México arrastra una crisis en materia de derechos humanos que se agravó durante la guerra contra el narco, pero no cuenta con una ley de desaparición de personas que garantice las búsquedas. Los colectivos de familias que buscan a los suyos y organizaciones de la sociedad civil critican que la norma no se ha aprobado en el Congreso de la Unión porque no es una prioridad para los legisladores ni para el Gobierno mexicano. “Hemos ido a las mesas de trabajo en el Senado a exponer nuestra lucha, nos han escuchado, pero nos engañan porque no se contempla lo que nosotros pedimos y se va retardando todo”, dice Mario Vergara, miembro de Los Otros Desaparecidos de Iguala. La ley también busca crear un registro nacional de desaparecidos que depure el actual que sitúa en cerca de 31.000 las personas ausentes en este país.

En febrero de 2015 el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU mostró su preocupación por lo ocurrido en México en materia de derechos humanos al señalar que las desapariciones forzadas —donde intervienen servidores públicos— son generalizadas en el país. En septiembre de ese año varios colectivos entregaron al Senado una propuesta de ley que buscaba prevenir esta violación, facilitar la localización de personas desaparecidas y garantizar la reparación integral a las víctimas.

La presión internacional por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en Guerrero en septiembre de 2014 y las observaciones de la ONU llevaron a que el presidente Enrique Peña Nieto también enviara una propuesta en materia de desaparición de personas a finales de 2015. Desde entonces cuatro comisiones del Senado han trabajado con estas iniciativas y con otras que se habían presentado previamente a fin de elaborar un dictamen en la materia, el cual no ha podido ser desahogado.

La senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara alta, asegura que la discusión y análisis del dictamen ha tardado tanto tiempo debido a que será la ley más importante que apruebe la actual legislatura. “Es una ley muy ambiciosa que seguramente será única en todo el mundo, de tal manera que la estamos construyendo con organizaciones de familias de personas desaparecidas y tenemos que trabajar con todas ellas. Necesitamos que el dictamen tenga su anuencia”, afirma la senadora que ha entablado negociaciones con los diversos colectivos.

Uno de los ejes torales de la ley es la creación de una comisión nacional de búsqueda que coordinará a las instancias de los tres niveles de Gobierno cuando se registre una desaparición. La instancia ha sido uno de los puntos más discutidos, dice Diana Iris García, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec). “Creemos que la comisión debe ser el corazón de la ley, pero nos decían que no era necesario instalar otra institución si ya había suficientes para atender la tragedia”, expone.

Otra de las peticiones de los familiares es participar en las búsquedas que encabece la comisión ante la corrupción y la impunidad que impera en las instancias de procuración de justicia, asegura Iris García. “Las familias tenemos mucha desconfianza y hasta que no se vea que esto ha cambiado queremos estar presentes en todos los procesos para supervisar que se haga correctamente”, señala. Sin embargo, el borrador de dictamen no contempla la participación de las familias en las búsquedas, dice la legisladora de la Peña, ya que estas son una responsabilidad del Estado. “No creo que participen de manera directa. Eso no puede ser porque encontrar restos humanos es algo que provoca un choque en las familias y si una familia forma parte de la comisión de búsqueda es algo muy impactante”, manifiesta.

Michael W. Chamberlin, coordinador de estrategia jurídica del centro de derechos humanos Fray Juan de Larios, expresa que hay preocupación por parte de las familias y colectivos porque el periodo de sesiones acaba a finales de abril y aún no se cuenta con el dictamen. “Estamos en una lentitud terrible y con mucha preocupación porque vemos que otra vez se acaba el periodo y no sale la ley”. El representante jurídico menciona que buscaron discutir la propuesta con el Ejecutivo, pero ha mostrado desinterés. “El Ejecutivo está en otra cosa, no le da la prioridad a este tema”, acota.

Los diversos colectivos también han pedido un programa nacional de exhumaciones e identificación de restos. Actualmente los familiares que buscan a sus seres queridos han tenido que rastrear con sus propios medios y en la mayoría de los casos sin seguridad en terrenos inhóspitos que estuvieron bajo el control del crimen organizado. Silvia Ortiz, del grupo Vida, menciona que es importante contar con un registro de fosas comunes y clandestinas a fin de hacer un correcto resguardo de restos y lograr la identificación de cuerpos y fragmentos óseos.

Sacado de “El País”

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