Uruguay avanza hacia la tipificación del feminicidio La muerte de siete mujeres a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año ha impulsado una nueva legislación

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Enero y febrero han dejado una larga lista de víctimas. El 30 de enero el asesinato de Valeria Sosa por parte de un policía (su exmarido) delante de sus hijos enlutó el Carnaval. La mujer de 29 años era una de las bailarinas de una conocida comparsa. Cuatro policías están siendo investigados por el crimen. La víctima había denunciado cuatro veces a su expareja, y la custodia de los hijos de Valeria Sosa ha ido a los abuelos paternos.

La ONU ha señalado a Uruguay como uno de los países con peores cifras per cápita en términos de violencia doméstica de toda América Latina. Según datos oficiales, en 2016 murieron 24 mujeres a manos de sus parejas o exparejas para una población de poco más de 3,3 millones de habitantes. La tipificación del feminicidio servirá para crear una nueva categoría de delito cuando se considere que una mujer fue asesinada por el hecho de serlo. Las penas de cárcel irían de los 15 a los 30 años. La reforma penal sería la vanguardia de una Ley Integral contra la violencia que se está tramitando en el Parlamento.

El Código Penal uruguayo ya contempla toda una serie de agravantes que pueden llevar el asesinato de una mujer por su pareja o expareja hasta los 30 años de cárcel. Pero las feministas buscan un “reconocimiento social” de este tipo de crimen, una categorización y una señal visible para toda la población, especialmente para la policía y la magistratura.

En tela de juicio están las costumbres de una sociedad machista y de un sistema judicial profundamente conservador, como demostraron recientes declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, máxima instancia del país. Jorge Chediak calificó una de las muertes (que según la investigación fue premeditada) de “crimen pasional”. El Código Penal contempla esa circunstancia como un atenuante.

Cambiar el nombre

La senadora frentamplista Constanza Moreira, una de las defensoras del proyecto, destacó: “Los medios de comunicación dejaron de hablar de crimen pasional porque se hizo un trabajo para que dejaran de hacerlo. Y el presidente de la Suprema Corte es el primero que tiene que entender que la pasión es otra cosa”. Desde el Partido Colorado (derecha), el senador Pedro Bordaberry atribuye al machismo la ola de muertes de mujeres pero considera que el aumento de las penas no servirá para mejorar las cosas.

“La conducta que deriva en un feminicidio ya está penada en Uruguay en el marco de la violencia doméstica o cuando se trata de un cónyuge. Estaríamos cambiando el nombre a algo que ya existe. Mi única preocupación es que pensemos que cambiándole el nombre estamos solucionando el problema”, asegura Bordaberry.

Uruguay es uno de los países más avanzados de Latinoamérica en materia social: tiene una Ley de Violencia Doméstica, tiene el mejor reparto de la renta del subcontinente, el mayor porcentaje de clase media, los mejores resultados escolares (junto con Chile), la menor tasa de delincuencia. Pero este panorama no impide que las denuncias del maltrato doméstico y los asesinatos de mujeres hayan sido calificados de “epidemia”. El Proyecto Integral contra la Violencia que se estudia en el Parlamento tratará de revertir esta situación.

El fin del mandato patriarcal

Para la senadora Constanza Moreira, los avances legislativos de los últimos años han mejorado el nivel de las denuncias y la visibilización del problema de los feminicidios, aumentando así las estadísticas.

Pero según Moreira, el factor de fondo es que la población femenina “está tendiendo a tener un nivel educativo superior al de los hombres, las mujeres invaden el mercado de trabajo y estás casi equiparadas de los hombres. Y mientras tanto los hombres han ido perdiendo su capacidad de proveedores y su mandato cultural patriarcal, y reaccionan violentamente”.

Sacado de “El País”

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