La histórica disputa de Benetton y los mapuches en Patagonia se agrava con 14 heridos La Gendarmería desaloja con violencia a una comunidad indígena que cortaba una vía férrea

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Los conflictos por la propiedad de las tierras en la Patagonia argentina vuelven a escribir otra sangrienta página en la historia. Esta semana, efectivos de Gendarmería ingresaron dos veces a una comunidad mapuche de la provincia de Chubut (a 1.700 kilómetros de Buenos Aires) y reprimieron a sus integrantes con golpes y disparos, según el testimonio de los indígenas. La Provincia asegura que fueron éstos quienes dispararon a la policía. El resultado fue de nueve indígenas heridos y diez detenidos y cinco gendarmes lastimados.

El conflicto nació por el uso que la Provincia le da al conocido tren La Trochita, hoy sólo destinado a la explotación turística, cuya traza atraviesa tierras que se disputan desde hace años en la Justicia la comunidad y el empresario italiano Luciano Benetton, que tiene más de 800.000 hectáreas en la Patagonia. Las primeras señales de alerta llegaron el fin de semana pasado, cuando la comunidad Resistencia Cushamen informó por redes sociales sobre la incesante actividad de efectivos y móviles de Gendarmería que se movieron en la zona, ubicada entre la ruta nacional 40 y la provincia 258, un camino que une las localidades de Maitén y Esquel, y por donde también pasa el ramal de La Trochita.

Antiguamente el ramal tenía un fin social, transportando gente de pueblo en pueblo, pero hace 20 años que ese servicio no se hace y solo se usa para fines turísticos con paquetes que oscilan los 700 pesos (44 dólares). Los originarios pretenden que la Provincia les de aviso cada vez que la formación va a ser utilizada porque entienden que esas tierras les pertenecen. Esa contrariedad fue la que hizo que se suspendiera la mesa de diálogo, luego de dos intentos de concordia. Entonces, los mapuches bloquearon las vías.

“El martes a las seis de la mañana los gendarmes montaron un cerco de casi 5 kilómetros a las tres entradas posibles y con 200 efectivos entraron a la comunidad con una orden firmada por el juez Guido Otranto”, cuenta a EL PAÍS Soraya Maicoño, vocera de la comunidad. “La orden del juez habilitaba para que entren, saquen las barricas e identifiquen, pero entraron disparando balas de goma. Siete de nuestros guerreros los enfrentaron pero se vieron en desventaja y huyeron, aunque tres fueron detenidos”, agrega la mujer, “Los golpearon salvajemente y los metieron en una ambulancia desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde sin asistencia médica. La gendarmería rodeó la casa donde estaban las mujeres y rompieron puertas, paredes y ventanas. Tomaron a las mujeres del pelo y las sacaron, las tiraron al suelo, las golpearon y las esposaron. Los niños rodeaban a sus madres presenciando toda la escena”. Cerca de las tres, un abogado acercó un habeas corpus en defensa de la comunidad, las mujeres fueron liberadas y volvieron a casa.

El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, salió al cruce de los mapuches en declaraciones a la prensa local. Dijo que “le tiraron piedras a un helicóptero que iba a apagar un incendio en el predio que ellos ocupan” y aseguró que cuando la policía provincial se retiraba del lugar “le dispararon, con armas de fuego, no con gomeras, y las piedras son cada vez más grandes”. También afirmó que (el juez) “Otranto se retractó, y fue él quien emitió la orden para desalojar”. “No vamos a permitir ningún atropello. Vamos a seguir denunciando a los que son violentos”, dijo el mandatario provincial.

El miércoles, los mapuches denunciaron una nueva represión en la comunidad. “Paró una camioneta de la que bajaron diez efectivos con armas largas y empezaron a disparar al grito de ‘hay que matar a alguno'”, cuenta Maicoño. Resultó malherido Emilio Jones, un mapuche que vive en la localidad de Bariloche pero que cuenta con familiares en esa zona de Chubut. Un disparo que sería de plomo ingresó y se alojó en su cuello provocándole la rotura del maxilar. “Lo derivaron dos veces antes de ser asistido en el hospital de El Bolsón, ahora le tienen que reconstruir el maxilar con una placa de titanio, pero cuesta más de 50.000 pesos (3.135 dólares), no puede hablar ni comer, aunque por fortuna ya está en Bariloche con su familia”, informa la vocera.

La comunidad mapuche asegura tener los dominios de las tierras en cuestión, una porción del vasto territorio que ostenta la Compañía de tierras del sud argentino, propiedad de Benetton desde 1991. La empresa se declara propietaria de un territorio que está en disputa desde 1891, poco después del fin de la llamada Campaña del Desierto, que terminó con las posesiones indígenas en la zona entre 1878 y 1885. Según su versión, no existieron reclamos indígenas antes de que la empresa pasase a manos del emporio italiano, que hoy es uno de los grandes terratenientes extranjeros de la Patagonia.

Para la firma, el operativo policíal no tuvo relación con las causas impulsadas por Benetton ante los tribunales contra la comunidad, sino “con garantizar el paso de un tren obstruido por estos grupos violentos“. Fuentes de la compañía sostienen que el grupo Resistencia Ancestral Mapuche ocupa ilegalmente sus tierras desde hace dos años y ha ejercido numerosos actos de violencia contra la propiedad y varios empleados de la compañía, como incendios, robo de ganado, corte de alambradas y disparos intimidatorios. “Estamos en situación de violencia reiterada, sin límite, no hay forma de frenarlos y se sienten orgullosos de la violencia”, destacan.

La represión policial contra la comunidad Resistencia Cushamen ha sido condenada por Amnistía Internacional (AI). El organismo considera desproporcionado el envío de 200 gendarmes para desalojar el corte ferroviario y denuncia la violencia ejercida contra todos los presentes, entre los que había mujeres y niños. El único punto en común entre las partes es la necesidad de que el Estado se involucre para alcanzar una solución pacífica. “La comunidad fue despojada e intenta recuperar sus tierras. Hay que repensar las formas de articulación con las comunidades”, señala Paola Garcia Rey, directora de Protección y Promoción de derechos humanos en AI Argentina. “Hoy no se está discutiendo el tema de fondo, que es qué hacemos con las tierras originarias. Es un reclamo que puede ser justo, pero esa respuesta nos excede, la tiene que dar el Estado”, afirma Benetton. Sin intervención estatal, la disputa va a seguir abierta.

Sacado de “El País”

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