EUTANASIA: LOS NIÑOS QUE SE PUEDEN MATAR

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Ya en muchos Países del planeta es posible matar a los niños. Un horror protegido por leyes llamadas civiles, que podría extenderse en otras partes del mundo. Como en Canadá, donde un miembro de Unicef, el organismo subsidiario de las Naciones Unidas para la tutela de la infancia y la promoción de los derechos de los niños y adolescentes en el mundo, para contribuir también a la mejoría de sus condiciones de vida, ha hecho un acto contra sus mismos principios. Esto ha invocado la eutanasia por los niños. “El ayuda médica para morir fue previsto por adultos competentes. Surge la siguiente cuestión: por qué no para otros grupos de personas como los menores maduros?”, ha preguntado Marvin Bernstein, abogado filántropo y Chief Policy Advisor de Unicef Canadá, en Comisión Asuntos legales y constitucionales del Senado canadense – “Esta pregunta pide una respuesta y nosotros como Ong ciertamente sustenemos la extensión de este derecho”.

Una pedida bastante rara, dado que la “misión” de Unicef es defender y aplicar la Convención Onu sobre los Derechos de la infancia y del adolescencia, que en el artículo 6 establece el “derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo del niño”. Según la Convención, “los Estados tienen que empeñar el máximo de los recursos disponibles para tutelar la vida y el sano desarrollo de los niños, también a través de la cooperación entre los Países”. La eutanasia infantil, ya aprobada en Bélgica y Holanda, podría convertirse en ley ya desde junio, pero según un preciso “percurso en etapas”. El sistema juiciario canadense establecería el “derecho de muerte” antes “para todos los adultos competentes, luego, después de tres años de estudios sobre los posibles efectos de la ley sobre los menores” y sobre cómo evitar “manipulaciones”, y garantizando “precisas tutelas”, también a los menores. Para Unicef, esta ley “tendría que extenderla no a todos los niños, sino sólo a los menores maduros”.

Es una proposta hipócrita, porque no hay criterios objetivos, científicos, gracias a los cuales establecer si un menor puede estar “maduro”. Surge otra cuestión-: por qué estudiar los “posibles efectos” de la ley sobre los niños? Cuáles efectos más graves que la muerte puede causar una norma? Bernstein ha declarado que la eutanasia infantil está “coherente con la Convención sobre los derechos de la infancia”. Según sus intenciones, los niños se pudieran matar también en ausencia de una enfermedad terminal e incluso por motivos psicológicos. Bajó el hielo en aula cuando un senador preguntó: “Un chico de 16 años deprimido se podría matar en base a la ley?”. “Sí”, fue la respuesta de Bernstein. Más que coherencia con su “misión”. Una bofetada a la Convención Onu sobre los derechos de la infancia y del adolescencia y a sus principios.

En la actualidad, Unicef no es la única Ong empeñada en pedir el “derecho” de muerte para los niños. En 2014, Save the Children había pedido a Escocia extender el suicidio asistido también a los menores porque “las enfermedades terminales no discriminen las personan en base a su edad, por eso tampoco la sanidad lo debería hacer”.

Contra esta petición la Iglesia levantó la voz. “Quien requiere eutanasia y suicidio asistido no puede recibir la extrema unción”, fueron las palabras del arzobispo de Ottawa, Terrence Prendergast, recordando que los sacerdotes tienen que disuadir los fieles del quitarse la vida; sin duda hay que asistir y rezar con ellos y sus familias, pero “pedir ser matados es un acto gravemente desordenado y es el rechazo de la esperanza que la extrema unción vuelve a llamar e intenta llevar”.

En Canadá, una legislación sobre este tema se ha hecho necesaria después de que, en febrero 2015, el Tribunal Supremo del País ha declarado inconstitucional la “prohibición del suicidio asistido” presente en el Código penal. Referiéndose a las leyes bélgicas y neerlandeses, en Canadá tendrá el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido “cualquiera que haya sufrimientos físicos o psicológicos constantes e intolerables para la persona”. Eso significa, precisamente, que no es necesario tener una enfermedad terminal o un tumor, también un desorden tratable como la depresión puede ser “un criterio válido para acceder al asistencia médica al momento de la muerte”.

Lo que más preocupa desde el punto de vista ético, es que la objeción de conciencia no es una opción del proyecto de ley. Los médicos serían obligados a participar al proceso que lleva a la muerte del paciente. A lo sumo, un doctor podrá limitarse a dar al paciente el contacto directo con otro médico disponible a praticar la eutanasia. Todas las clínicas que reciben financiaciones por el Estado, también los institutos religiosos, serán obligados a suministrar la inyección letal.

Gustavo Zagrebelsky, jurista italiano y juez constitucional de 1995 a 2004, en una entrevista a “Il Fatto Quotidiano”, en diciembre de 2011, decía: “Cuando una persona, alimentada por ideales, vee que todo es inútil, pierde la esperanza. Si la mayoría de los casos de suicidio procede de injusticias, depresión o solitud, el suicidio como hecho social nos hace una pregunta. Puede la sociedad decir: bueno, quitate en medio, y yo te ayudo a hacerlo? No es demasiado fácil? Su deber no es el contrario: dar esperanza a todos? El primer derecho de cada persona es de poder vivir una vida sensata, y a eso corresponde el deber de la sociedad de crear las condiciones”. Y eso vale también para quien tiene una enfermedad grave: “La sociedad, con sus estructuras, tiene que curar, si es posible; de aliviar al menos, si no es posible. Puedo querer no ser curado, o curado de cierto modo, aunque eso lleva a la muerte: pero esto no es querer morir”. La vida es el bien biológico fundamental de cada persona. De eso proceden todos los demás. Sin vida no hay derechos.

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