Uniones civiles, que opina realmente Europa

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La necesidad de una configuración en terminos de status, incluso en las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo, no encuentra fundamento en el ordinamiento de la Unión Europea o en la adhesión de nuestro País a otras organizaciones internacionales, en particular al Convenio Europeo de los Derechos del Hombre. De hecho, según el art. 9 de la Carta de los Derechos fundamentos de la Unión Europea “el derecho a contraer matrimonio y el derecho de constituir una familia son garantías de acuerdo con las leyes nacionales que regulan el ejercicio.” De acuerdo con el art. 12 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, afirma que, “el hombre y la mujer tienen el derecho a casarse y a fundar una familia según las leyes fundamentales que rigen el ejercicio de tales derechos”.

Ninguna Declaración de los derechos ha eliminado el requisito de la diversidad de sexo para el matrimonio. En este sentido, más bien, aquellos documentos normativos conllevan a los individuales ordenamientos nacionales. Es verdad en cambio – pero en este propósito, no es necesario hacer referencia al contexto institucional europeo – que no se admiten las discriminaciones basadas en la orientación sexual. Pero el respeto de este principio fundamental ciertamente no implica la necesidad de extender también a las parejas formadas por personas del mismo sexo en la disciplina del matrimonio ni de presagiar para las mismas una forma ad hoc de reconocimiento en la forma institucional del status.

Es cierto seguramente que para la Corte de Estrasburgo, el artículo. 8 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, en el consagrar que “toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar”, impone a los Estados individuales la adopción de medidas positivas para garantizar el respeto de la vida privada o familiar, incluso en el esfera de las relaciones interpersonales. Sin embargo, de acuerdo a la propia Corte, en cumplimiento de esta obligación, los Estados disponen de un cierto “margen de discrecionalidad”. Y en tal margen, siempre para la Corte de Estrasburgo, que incluye también la opción de extender el matrimonio para las parejas formadas por personas del mismo sexo.

Si bien es cierto que, con la reciente sentencia Oliari del 21 de julio del 2015, la Corte de Estrasburgo ha reconocido que “el Gobierno italiano ha superado su margen de discreción y no ha cumplido con la obligación positiva de asegurar que los recurrentes dispongan de un específico marco jurídico, que establezca el reconocimiento de las uniones homosexuales”. Tampoco en está ocasión la Corte Europea de los Derechos Humanos ha sostenido, de que este deber positivo, que deba cumplir con la introducción del matrimonio entre personas del mismo sexo ni que el reconocimiento en cuestión se deba realizar en la forma del status. Algunos estatus, del resto, pondrían poner en tela de juicio toda la jurisprudencia anterior de la Corte.

Traducción a cargo de Adriana Montiel

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