Familia, no nos confundamos

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Estamos en vísperas de un importante debate parlamentario que, ahora más que nunca, se lleva a cabo sobre todo en el País, en las plazas, en los medios de comunicación y dentro de las mismas familias.

Es un debate cuidadoso y participativo, estando concientes que estamos en un momento crucial. También está presente una preocupación, porque el tema de las uniones solidales – no son una familia – lo estamos enfrentando muy tarde y de manera errada. Muy tarde, porque nos sentimos alentados por nuestra pertenencia común en una cultura jurídica europea, en la que nos reconocemos y de la que queremos formar parte con la frente en alto. Muy mal, porque existe una posibilidad de hacer pesar aquello que podría ser un camino conformado por cargas indebidas, socialmente inapropiada, jurídicamente inconstitucional y políticamente divisor.

Igual que en las peores financieras, en el proyecto de ley sobre las uniones civiles, se introducen disposiciones que no deberían estar y que deberían ser discutidas en otro lugar y de otra manera. Existe la sensación de que se trate de algo que debe ser aprobado a cualquier costo: una pésima manera de legislar. Lo que surge del debate – Hoy en día en los medios de comunicación, mañana en el Parlamento – es la intención de realizar inaceptables forzaturas, para hacer de la familia, una especie de modelo adaptable a situaciones diferentes.

La familia es una, no es un modelo extensible. Los derechos son para todos, la familia es una sola. No se trata de negar la importancia, el mérito de la solidaridad social, el valor de las convivencias y de las comunidades de propósito y de vida, tales como las uniones homosexuales. Hace bien el Estado en apoyar, en ayudar a promover estas realidades, dignas de reconocimiento. La sociedad vive en un mundo de facetas articuladas, de pequeñas comunidades en la sociedad general. Este es un dato adquirido de la cultura jurídica, así como también un precepto ineludible de la Constitución. Pero cuando se quiere forzar este cumplimiento, obediente, para alterar el orden de los valores que la sociedad expresa, esto es inaceptable.

La Stepchild Adoption no debe encontrar cabida en nuestro ordenamiento jurídico. No se puede degradar y contradecir el claro precepto del artículo 29 de la Carta: “La República reconoce los derechos de la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio”. No se puede pretender que “natural”, allí, no esté escrito. La protección sacrosanta de la familia, encuentra en el término “natural” una razón fundamental e inextensible. Con la Sentencia no. 138 del 2010, la Corte Constitucional declaró inadmisible la cuestión de constitucionalidad, planteada por el Tribunal de Venecia, en los artículos del Código Civil que imponen un modelo de matrimonio heterosexual. Y esta sentencia, el Quirinale la señaló al Gobierno como una estrella guía.

Al legislador debe reconocerse la discreción sobre el tema de las uniones civiles. Pero discreción no significa albedrío. Y si bien, en nuestro país, la Carta Constitucional reconoce los derechos de una sola familia, “sociedad natural fundada en el matrimonio.” Contradecir este principio – parafraseando la famosa frase de Talleyrand – “es peor que una inconstitucionalidad: es un error.” Comparaciones incongruentes y descuidadas no pueden ser aceptadas.

El Estado no puede permitir el hacer crecer a un menor con una pareja homosexual, como si se tratara de una familia fundada en el matrimonio, solo porque ambos son parejas. No es una cuestión de mejor o peor. Es una cuestión de una diversidad innegable. Y las diversidades deben ser protegidas, pero pueden convertirse en una identidad. No se puede hacer “confusión”. Esta es la palabra utilizada por el Santo Padre, para revelar una diferencia notable “entre la familia querida por Dios y otro tipo de unión.”

Confusión significa fusionar diferentes cosas. De está manera, ambos pierden su identidad, de modelos diferentes de convivencia afectiva, cada uno válido y legítimo, en el respeto recíproco y en la libertad de elección que corresponde a cada uno.

Tomar curso de acción, sin la precaución necesaria para caminos aventureros, en contra de nuestros principios fundamentales, e incluso del sentido común, sería una falta de visión peligrosa, civil y social. Sirve, sin embargo, la previsión. La familia debe permanecer en el centro de la sociedad, si queremos que la sociedad mantenga su equilibrio.

Maria Elisabetta Casellati, miembro del Consejo Superior de la Magistratura

Traducción a cargo de Adriana Montiel

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